La encuesta ha terminado para este tema y sus resultados no arrojan una muestra clara de cierta tendencia hacia alguna de las posiciones planteadas. En ese sentido no hay consenso estudiantil al respecto. Sin embargo, las opciones referidas a la legalización del cultivo ( 28.6 %) y la búsqueda de algún tipo de acuerdo entre los cocaleros y el gobierno ( 28.6 %), muestran una relativa aceptación como soluciones, a diferencia de las dos modalidades de represión estatal que representa la erradicación de las plantaciones ( 23.8 %) y la imposición de políticas hacia cultivos alternativos a la hoja de coca ( 19 %) que aunque pueden ser vistos con cierto recelo (debido a la posible comprensión de la necesidad de vivir de los cocaleros) no queda implícito su rechazo o descarte como salida del problema.
Frente a esto creemos sugerente el considerar la relación de las plantaciones de hoja coca con el consumo de drogas por un lado y por el otro la viabilidad de una legalización regulada. Consideramos que aquí esta el problema de fondo y la amenaza que el Estado cree combatir. Haciendo esta puntualización creo que podremos opinar con mayor criterio.
Para empezar nadie puede obligar a otro individuo a utilizar sus propiedades para fines que no sean de su interés. Si los cocaleros siembran coca sobre sus terrenos están en todo su derecho de hacerlo. Atentar contra esa libertad manifiesta la actitud ociosa y abusiva del Estado por no atender el problema de fondo y actuar bajo la lógica del dicho: Muerto el perro, muerta la rabia”. Esa lógica no funciona y lejos de disminuir el problema a terminado incrementándolo. Un argumento en contra diría que el 90% de esa plantaciones van a parar al narcotráfico que las procesa en conocidas drogas ilegales e indeseables para toda sociedad urbana, por lo problemas que esta genera. Pero desde un punto de vista económico, nos daríamos cuenta que ello sucede precisamente porque el producto esta fuera del mercado (dado su prohibición) y fuera de toda competencia legal. La inexistencia de competencia entre empresas que podrían demanda el mismo producto de los cultivadores es lo que permite que sea el narcotráfico la única “entidad” con libertad para absorber semejante producción, debido a las limitaciones de Enaco y el interés del Estado de seguir percibiendo las rentas Norteamericanas bajo el concepto de Erradicación.
Frente a esto creemos sugerente el considerar la relación de las plantaciones de hoja coca con el consumo de drogas por un lado y por el otro la viabilidad de una legalización regulada. Consideramos que aquí esta el problema de fondo y la amenaza que el Estado cree combatir. Haciendo esta puntualización creo que podremos opinar con mayor criterio.
Para empezar nadie puede obligar a otro individuo a utilizar sus propiedades para fines que no sean de su interés. Si los cocaleros siembran coca sobre sus terrenos están en todo su derecho de hacerlo. Atentar contra esa libertad manifiesta la actitud ociosa y abusiva del Estado por no atender el problema de fondo y actuar bajo la lógica del dicho: Muerto el perro, muerta la rabia”. Esa lógica no funciona y lejos de disminuir el problema a terminado incrementándolo. Un argumento en contra diría que el 90% de esa plantaciones van a parar al narcotráfico que las procesa en conocidas drogas ilegales e indeseables para toda sociedad urbana, por lo problemas que esta genera. Pero desde un punto de vista económico, nos daríamos cuenta que ello sucede precisamente porque el producto esta fuera del mercado (dado su prohibición) y fuera de toda competencia legal. La inexistencia de competencia entre empresas que podrían demanda el mismo producto de los cultivadores es lo que permite que sea el narcotráfico la única “entidad” con libertad para absorber semejante producción, debido a las limitaciones de Enaco y el interés del Estado de seguir percibiendo las rentas Norteamericanas bajo el concepto de Erradicación.
Pero el tema también es Histórico, cuando hacemos un análisis comparado de otros productos que en décadas anteriores eran considerados como drogas ilegales, tales como el tabaco, el café, el cacao o el alcohol (decir que la coca es medicinal y milenaria es solo un juego retórico que busca la legitimización popular, pero no por ello deja de ser también una droga) y que actualmente son legalmente reguladas tanto por el Estado como por el propio mercado a través de las empresas e industrias que distribuyen su oferta generando toda una cadena productiva e incluso pueden estimular su demanda a través del marketing.
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