Resulta difícil ser ajenos o hacer caso omiso al pedido hecho por la fiscal Loayza a que por motivos de seguridad y de su integridad física no retorne a Maynas, así como también el no dejar de mirar con recelo y sospecha, la actitud de la fiscal de la nación Adelaida Bolivar, en su terco empeño en que la Dra. Loayza retorne a Maynas donde evidentemente su vida corre peligro.Resulta ciertamente impresionante como un simple trámite administrativo de traslado permanente en favor de la vida de una fiscal que ha dado un certero golpe a uno de los capos del narcotráfico en el Perú se haya convertido en todo un debate nacional, a sabiendas de los precedentes que existen de magistrados y testigos que fueron asesinados cruelmente por sicarios pagados con dinero de la droga. Si nuestro sentido común nos dice que la Dra. Loayza debe quedarse en Lima, porqué la terquedad de la dra. Bolivar en que esta regrese. Al respecto, Fernando Rospigliosi ha declarado muchas cosas interesantes en su columna de Perú 21, que mostrarían un trabajo sincronizado entre las declaraciones de la dra. Adelaida Bolivar y los titulares de diarios como La Primera.
Por un lado, la doctora Bolivar trata de victimizarse ante la opinión pública, declarando que existe una campaña mediática en su contra con el fin de desprestigiarla y atentar contra la institucionalidad judicial, refiriéndose a diarios como El Comercio, La Republica, Perú 21 y Correo, a la vez que declara ante el congreso una serie de supuestas irregularidades que habría cometido la fiscal Loayza, que a la larga tendría como consecuencia sentencias favorables a Zevallos, tales como el hecho de llevar acciones fuera de su competencia, irse de vacaciones en periodo de allanamiento, declarar imposibilidad de ejercer funciones en una fecha clave por un problema ocular, o de viajar a Chile sin permiso y con dinero de la DEA, lo que para Adelaida Bolivar son indicios suficientes para vincular a Loayza con el narcotráfico e iniciarle una seria investigación, evidentemente con el fin de voltearle la torta y hacerla pasar al banquillo de los acusados.
Estos movimientos no son nada nuevos para Rospigliosi, de hecho afirma que forma parte de un discurso reiterativo que se repite también en México, Colombia y Venezuela, el hecho de que el narcotráfico mueva sus grandes influencias en el poder judicial de esos países para acusar de corrupción a quienes los investigan y de remover magistrados molestosos por otros mas complacientes, mientras que paralelamente financian diarios que exacerben el discurso anti-imperialistas y se dediquen supuestamente a defender la soberanía nacional del intervensionismo norteamericano, institucionalizado en la DEA, señalando como ejemplo el significativo avance que ha tenido el narcotráfico en Venezuela gracias al apoyo de Chávez que con su discurso anti-imperialista casi a logrado expulsar a la DEA de su país. Lineamiento que ha venido siguiendo el diario La Primera con una seguidilla de portadas que denuncian la presencia de la DEA en nuestro país.
De esta forma lo afirmado por Rospigliosi se ensambla como un rompecabezas, pues la prensa ha puesto al descubierto como la dra. Bolivar, ha obstruido investigaciones a narcotraficantes removiendo a correctos fiscales por otros que no hacían otra cosa que encarpetar los casos y dedicarse a hostigar a aquellos policías y periodista que deciden ir mas allá, o lo que es peor el respaldo que esta brinda a esos fiscales complacientes. A decir de Rospigliosi, el único fin es el de amedrentar a todo fiscal que pretenda investigar o indagar casos de narcotráfico, de hecho la Junta de Fiscales Supremos no sería mas que una pantalla que sirve para legitimar una decisión ya tomada por la Dra. Bolívar y hacer que la fiscal Loayza retorne a Maynas para dejarla a su suerte.
Los argumentos de la Junta Suprema que sustentan su decisión se han hecho públicos. No obstante, la propia Dra. Loayza se ha encargado de refutarlos con documentos en mano y con mucha contundencia en diversos medios escritos y televisivos, De hecho los documentos que acreditan el riesgo de atentado contra la vida de la fiscal fueron acreditados por la misma Junta Suprema en diciembre del 2006, sin embargo, hoy en día se niega la existencia de tales documentos, ¿es que ninguno de sus miembros valora la vida de la Dra. Loayza?. Los miembros de la Junta asumen esa postura por una simple razón saben de ante mano que si algo le sucediera a la Dra. Loayza, solo les esperaría una sanción administrativa, pues la sanción penal la asumirían los responsables directos de su integridad física que son el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, en otras palabras se lavarían las manos porque argumentarían que actuaron según la ley, o como la Junta misma argumenta: Dado que ha pasado un año desde el ultimo reporte de amenaza contra la vida de la fiscal, no hay razones para que retrase su retorno a Maynas. Cómo diría una periodista de Cuarto Poder, ¿desde cuando las amenazas de muerte tienen fecha de caducidad?.
Por otro lado la vergonzosa actuación de los miembros de la comisión de Justicia frente a la dra. Bolivar, dejó mucho que desear y muchas preguntas que realizar, convirtiendo como diría Rodrich una sesión interrogativa en un homenaje a su trayectoria como fiscal, ¿qué mas se podía esperar de Torres Caro, Santiago Fujimori, Luisa Cuculiza o Raúl Castro? Salvo las excepciones de Lourdes Alcorta y Rosario Sasieta. Lo demás estuvo para llorar, pues se perdió una magnífica oportunidad para dilucidar toda una serie de interrogantes que ensombrecen sus funciones en el Ministerio Público. Pero si bien es cierto que la lista de esa comisión no podría despertar mucha expectativa, las declaraciones de Gonzáles Posada, terminan por apagar toda esperanza de ayuda a la dra. Loayza, al afirmar que el legislativo sólo puede exhortar y recomendar, mas no intervenir en las decisiones del Ministerio Público. Lo que haría caer en saco roto incluso las declaraciones favorables a la fiscal hechas por el propio presidente García o de la Ministra de Justicia, Rosario Fernández.
Creo que desde nuestra posición de observadores nos podemos hacer la siguiente pregunta, ¿si la opinión publica de la ciudadanía apunta en una dirección contraria a la de un poder autónomo del Estado como lo es la Fiscalía y esta tiene claros indicios de acciones ilícitas, puede esta última imponerse ante la ciudadanía en favor del respeto a la institucionalidad jurídica?, es decir ¿el costo de estar en un Estado democrático es también el de aceptar de brazos cruzados una sentencia con la que la mayoría esta en desacuerdo?. Creo que para una respuesta a esta interrogante se debe ser muy especifico en referencia al caso, pues para este caso muchos indicios ponen en duda la honestidad y buen juicio de la dra. Bolivar para con la fiscal Loayza y personalmente, creo que hay suficientes razones para decir que nuestra fiscal de la nación al igual que su antecesora tiene vinculaciones con el narcotráfico y que específicamente en este caso se puede desacatar una orden de una entidad que si bien es cierto es autónoma, se esta comprobando que su probidad esta claramente en tela de juicio.
Desde acá le deseamos mucha fuerza Dra. Loayza y continué con su lucha por hacer valer sus derechos sobre todo su derecho a la vida, su victoria marcará un referente esencial para otros fiscales que al igual que usted luchan contra el narcotráfico y la corrupción.
2 comentarios:
Lamentablemente no queda alternativa, si lo que se pretende es vivir bajo las reglas de un sistema democrático. La Fiscalía es autónoma y por tanto solo se le pueden hacer sugerencias, como las hace el presidente, el ministro del interior o el presidente del congreso. Lo que está ocurriendo, da cuenta de que la Fiscalía huele tan mal, como todo el sistema de justicia en nuestro país.
Un comentario al márgen, tampoco me convence la Dra. Loayza como adalid de la justicia, santa e impoluta. Todo parece indicar que ha realizado un buen trabajo, pero no creo que ella solita y sola haya puesto en la cárcel a uno de los enemigos públicos de los united states. La DEA existe, y no trabaja solo en una oficina de la embajada, también lo hace en el campo, así ocurrió que sicarios secuestraron, torturaron y mataron hace un par de años a uno de sus agentes en Loreto.
Pero no quiero irme del tema, Jaimes con la duda planteada (el "dilema" del título), y luego con las preguntas que se hace, deja entrever que la decisión de los fiscales debería ser otra, porque la mayoría de la ciudadanía cree qeu la fiscal esta en peligro. Tal acerto convertiría a esta maltrecha y decepcionante democracia representativa, en una suerte de democracia plebiscitaria, en la cual las decisiones de las autoridades debieran ser tomadas en base a lo que diga la opinión pública. Sería un discusión interesante, aunque algo de eso estamos viendo hoy, cuando los legisladores cusqueños se desgarran las vestiduras por la ley que permite la inversión privada en sitios que son parte del patrimonio cultural de la nación. Estos legisladores recién reaccionaron cuando estaba todo el pescado vendido, cuando la hinchada grita fau!!, ellos repiten fau juez!!, eso es lo que queremos?
Guardas cierta razón miguel, efectivamente para aquellos que anhelan un estado democrático, de derecho y con plena autonomía de poderes, resulta inaceptable las intervenciones desde ejecutivo, los de la prensa y consecuentemente de la opinión pública. Pero el problema esta en que en nuestro caso especifico, en nuestra democracia, el poder judicial es una institución funcional a la corrupción, y no lo digo yo, lo dicen decenas de investigaciones, pues si algo debemos saber es que nuestro poder judicial es el enfermo mas diagnósticado del país, que fueron elaborados con la finalidad de marcar indicadores a tener en cuenta para la reforma judicial, una reforma que los magistrados desean que sea interna. Los mismos magistrados que se rasgan las vestiduras cada vez que la prensa les saca alguna denuncia, quiza uno de los casos mas escandalosos fue el de la denuncia que afronta Juan Carlos Tafur, por parte de una Jueza Nancy Sanchez, luego que Tafur denunciara con sus investigaciones la fuga de un conocido narcotraficante luego de que la jueza anulara la medida de detención que tenia el narco. Y como esto hay muchos casos.
El principio de autonomia en el poder judicial a pasado a convertirse en principio de impunidad y autoprotección, en el que todo proceso de reforma interna se vuelve una ilusión, donde los magistrados se oponen a todo tipo de evaluación externa, donde los sistemas de control no funcionan, y no hay muchas muestras de compromiso con la sociedad civil.
En tu respuesta, yo veo de que en aras del respeto a la autonomía debemos esperar sentados de brazos cruzados a que algún día la buena justicia llegará, pero la espera también desespera…, tu sabes bien que en una democracia es fundamental que los que gobiernan y ejercen el poder deben sentir que están siendo observados, que llevan una responsabilidad, pues de que otra manera podría buscarse contrapesar los intereses de los gobernantes con los intereses de la mayoría si no es por medio de la opinión pública. Dónde quedaría el compromiso con los gobernados.
Podemos coincidir que la verdadera reforma judicial será aquella en que por fin se haya conseguido la autonomía y la independencia, pero nuestro problema también esta en que en nuestra justicia se quiere mostrar autónoma ante la opinión publica, pero es escandalosamente benevolente ante el narcotráfico, las coimas y la corrupción. Y en este la caso los jueces deben entender que en la actualidad el nuevo estado constitucional exige jueces y procesos transparentes, con políticas claras y puertas abiertas que viabilicen un mayor entendimiento y percepción de la opinión pública. Instituciones como Justicia Viva o la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia lo vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, estamos ante un problema estructural del poder judicial. Y se hace necesaria la presión de la opinión pública para empujar esa reforma, si no se quiere que la democracia se les vaya de las manos.
No voy justificar a los legisladores, pues la impresión que tengo de ellos es de la peor, pero si los ciudadanos cusqueños creen o se les a persuadido de que se verán afectados con dicha ley, tienen derecho a manifestarse. El problema aquí es una vez mas el Estado, que muestra su inoperancia para comunicarse con los primeros involucrados, con anticipación, no es la primera vez que esto ocurre, el caso de egasa, majaz, tambogrande o del proceso de descentralización regional, son ejemplos repetitivos del mismo caso, el estado es incapaz de explicar con anticipación sus políticas a la población y transmitir los beneficios de la misma antes de efectuar la ley.
Por ultimo, creo que no se trata de convertir la democracia en una suerte de democracia plebiscitaria, sino de definir cual que es el papel que cumple o que debería cumplir la opinión publica en ella, la falta de cultura al respecto me impide dar una respuesta por ahora.
Omar Jaimes Santiago
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