Libertad, igualdad y modernidad, el dilema de la Selva

El conflicto acaecido en la Selva, a raíz de la promulgación de una serie de decretos legislativos que motivará la exacerbación de las comunidades selváticas, merece una reflexión entorno a los criterios de libertad e igualdad que rigen entre “nosotros” los costeños y los “otros” los selváticos, sin que ello implique impresiones de exclusión o superioridad, sino la aceptación sincera de que existe una brecha cultural y de racionalidad que probablemente exceda nuestra comprensión y que por ello se haga necesario hablar del otro.

La nueva otredad en el Perú, lleva la cara pintada y se manifiestan en sus acciones más violentas con arcos y flechas. Durante casi un siglo, la otredad dilucidada por los intelectuales peruanos tenia el rostro redondo, usaba poncho y andaba en yanquis de caucho. En abiertos conflictos sociales pugnaron por acceder a esa modernidad que el autoritarismo criollo le negaba. Muchas de las murallas construidas fueron derribadas con el aluvión migratorio andino, y aunque la igualdad social aun no se ha consolidado, hoy se puede decir que se haya en un claro proceso de formación. Sin embargo, el selvático, su cultura, sus manifestaciones e incluso su historia; quedaron al margen de las grandes reflexiones del país, nos hemos quedado con la imagen de los hombres que andan con las plumas en la cabeza, y las mujeres que bailan con los senos al aire. Nos llego su música tropical y cumbia que constituyen éxitos de radio, y mas que uno debe creer que la selva es el país de lo exótico, lo natural y lo salvaje. Pero poco se sabe respecto a los niveles de pobreza en los que se encuentran, que el Estado tiene poca presencia entre sus comunidades, y que si no fuera por la ayuda de las petroleras u otras instituciones privadas, la situación sería peor. Sabemos que es “nido de narcotráfico”, y que gran parte de su agricultores se dedica a ese cultivo por una sencilla razón de oferta – demanda, pero no todos son agricultores y no todos se dedican a esa actividad.

En ese sentido nuestros mínimos principios de liberalismo, nos dicen que si el agricultor decide destinar el uso de sus tierras al cultivo de coca, entonces debe ser respetado (esto es materia de un grueso debate). También que si ellos deciden manifestarse públicamente, lo pueden hacer, el problema esta en las dimensiones de esa manifestación. O por último, que si ellos ya tomaron una decisión sobre la utilización de las tierras de propiedad comunal, entonces así debe ser.

Sobre lo primero, algunos viejos amigos liberales, me comentaron que si bien la teoría puede ratificar la utilización de la propiedad en lo que mejor le parezca al propietario, el cultivo de la coca merecería un grado de excepción, debido a los perjuicios sociales que ello provoca, mas aún en países como el Perú. Queda aquí entonces un primer punto de debate.

Sobre lo segundo, ninguna manifestación en Lima a requerido la declaración de un estado de emergencia, así hayan sido los gremios y los medios de comunicación, quienes son los que tienen mayor capacidad de convocatoria, por encima de los partidos políticos incluso, los que lo hayan convocado. Las manifestaciones de estos últimos implicaron la toma de avenidas, carreteras o el paro del transporte y ha sido la presencia policial y la negociación política, la estrategia que, mas o menos, a funcionado. Sin embargo, hay una gran diferencia entre manifestarse en el centro histórico de la capital, y hacerlo en el centro energético del país. Como en toda demanda social, cuando los “perjudicados” no se sienten escuchados ni atendidos, se da inicio a las medidas violentas, y ha diferencia de otras naciones el Perú no cuenta con carreteras alternativas. Como diría Cotler, mientras otros países cuentan con un ramificado sistema de carreteras, el Perú cuenta con una larga tripa que es la panamericana con unas contadas extensiones. Quienes paralizan la marginal, perjudican a medio país. De hecho como afirmo el propio Del Castillo, la tercera parte de Lima quedaría en la oscuridad. La declaración de emergencia, implica la entrada de las Fuerzas Armadas, y estas no entran precisamente a negociar, es el combate de la violencia con más violencia.

La mayoría de analistas se han manifestado en contra de esta medida, en vez de continuar la senda del dialogo y solucionar con la ayuda de las fuerzas policiales que están precisamente para preservar el orden, como se hace en Lima y en otras ciudades del país. Pero es evidente que la situación a sido desbordada, ¿son chunchos?, ¿no entienden?, o no se les quiere comprender?, ¿se justifica la acción de la violencia estatal para salvaguardar la menoscabada economía popular urbana?. Muchos individuos coinciden en la idea que rechaza el bloqueo al flujo energético (Petroleo, Combustible, Gas Natural) porque es de todos los peruanos. ¿pero es de todos los peruanos?, ¿puede ser un recurso o propiedad de todos?. Estoy seguro que los liberales austriacos tienen un punto de vista muy particular al respecto, ajeno a los sentimentalismos del bien colectivo, pero también hay razones para su defensa. De cualquier manera el Estado interviene por que el problema lo inicio el legislativo al no consultar con las comunidades sobre la modificación legal de asunto que los involucra directamente, lo que conllevo a que la legítima y libre protesta de las comunidades nativas fuera contrarrestada violentamente para salvaguardar nuestro bienestar. En buena cuenta se respetan las libertades unos mas que de los otros. ¿Es justificable eso?

Por último, el problema mayor, la madre del cordero. La ley 840 y los decretos legislativos 1015, 1073. Sabemos que la gran inversión privada, trae progreso, trabajo, tecnología y es un buen indicador para futuras inversiones. Pero estos necesitan de predios para poder instalarse ahí donde esta el recurso. El problema esta en que la propiedad de esas áreas les corresponde a comunidades nativas y no ha individuos particulares. Y la propiedad comunal es más antigua que la propia república. El Estado desea dar facilidades para el inversionista, pero poco se puede hacer cuando la ultima decisión recae sobre el 66% de la comunidad, y no sobre el 50% + 1, como en cualquier asociación, sindicato, empresa o cooperativa urbana y moderna. Los dirigentes se han manifestado en contra de ello, y mantienen firme su posición de dejar las cosas como estaban (de hecho ya cumplieron su cometido, el congreso derogo dichas leyes), de haber sido impuesta se habría efectuado un caso más de modernización autoritaria, pero dejar las cosas como están implica seguir dejando a estas comunidades al margen del desarrollo posindustrial. Sin embargo, son libres de elegir el tipo de desarrollo que quieran tener, pero queda la duda de no saber si pudo haber sido mejor siguiendo la ruta que han rechazado, el de la inversión privada, pues del Estado les llega poco o nada. Rosa María Palacios hizo una sugerencia interesante, un referéndum para aclarar si la posición tajante es la de los viejos dirigentes denominados Apus, o en realidad la población de las comunidades involucradas tienen una opinión distinta no solo de sus dirigentes sino también de la nuestra. Libertad o modernidad he ahí nuestro dilema.